Inclusión 01

Identificación de Beneficiarios Finales – Decreto Nro. 256/019 Modificativo del Decreto Reglamentario de la Ley de Inclusión Financiera Nro. 166/017

            Ponemos en su conocimiento que, el pasado 12 de setiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nro. 256/2019 emitido por el Poder Ejecutivo con fecha 2 de setiembre de 2019 (en adelante, el “Decreto”), por el cual se modifica el Decreto Nro. 166/017 del 26 de junio de 2017 (en adelante, el “Decreto Anterior”) reglamentario de la Ley Nro. 19.484 del 5 de enero de 2017 (en adelante, la “Ley”), en lo que respecta a la identificación de beneficiarios finales. A continuación, remitimos un breve resumen de las modificaciones y agregados del Decreto.

(a) Modificaciones incorporadas por el Decreto.

              El Decreto realiza una modificación a la redacción del inciso final del artículo 6 del Decreto Anterior, sustituyéndolo por el siguiente: “Serán aplicables a los fiduciarios de los fideicomisos y a las administradoras de los fondos de inversión, las disposiciones correspondientes a las entidades emisoras, entendiéndose por titulares a sus beneficiarios o cuotapartistas”. Aquello que se encuentra subrayado es lo que se adicionó como modificación, antes refería a los fideicomisos y no al sujeto fiduciario.

              El artículo 7 del Anterior Decreto fue sustituido en su totalidad; este artículo establece cuales entidades se encuentran exceptuadas de identificar su beneficiario final. El Decreto ha incorporado pequeñas reformas a su redacción – aunque sustanciales – así como algunos agregados. 

              Por su parte, el Decreto incorpora al artículo 7 dos nuevos incisos – el d) y el j) – por los cuales se exime de identificar a las entidades cuyos títulos de participación patrimonial sean propiedad de organismos públicos o de organismos internacionales de los que el Estado participe, y a los mismos organismos públicos y organismos internacionales de los que el Estado forme parte. 

              El inciso final del artículo 7 establece una condición para la aplicación de las excepciones, esto es que las mismas serán aplicables únicamente respecto del porcentaje de capital integrado o su equivalente o de los derechos de voto u otro medio de control, que cumpla con las condiciones dispuestas en las excepciones. 

              El artículo 9 del Anterior Decreto establece el contenido que debe tener la declaración jurada, en el caso de los titulares de acciones o participaciones patrimoniales nominativas. El Decreto modificó este artículo en lo que refiere a sucesiones indivisas sin declaratoria judicial de herederos, determinando que podría ser formulada la declaración jurada por “[…] cualquiera de los herederos presuntos […]”

           Asimismo, se modificó el artículo 14, el que dispone – con su nueva redacción – como se deberá computar el plazo de conservación de los registros y la documentación respaldante de las declaraciones presentadas. Esto es, los cinco (5) años de conservación se deberán computar a partir de la culminación de la relación de los titulares de las participaciones patrimoniales o del beneficiario final con la entidad, según corresponda. 

            (b) Agregados incorporados por el Decreto

             En el artículo 8 del Anterior Decreto se agrega al literal a) a las “asociaciones agrarias”, cuando antes solo se hacía referencia a sociedades agrarias. Además, se agregó un literal d), donde se dispone que queden exentas de presentar la declaración jurada, las instituciones de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro. 

             Al artículo 17 del Anterior Decreto que establece que las entidades obligadas por la Ley, no podrán inscribir actos ni negocios jurídicos en los registros dependientes de la Dirección General de Registros, del Ministerio de Educación y Cultura, sin acreditar la recepción de la declaración por el Banco Central del Uruguay (en adelante, “BCU”). La modificación del Decreto establece que no se requerirá la declaración ante el BCU en los siguientes casos, entre otros enunciado taxativamente en el artículo: (i) escrituraciones judiciales de procesos judiciales; (ii) escrituraciones de promesas de enajenación de inmuebles; (iii) enajenaciones de bienes en el marco de procesos concursales; y (iv) escrituras otorgadas por el Banco Central del Uruguay o por la Corporación de Protección al Ahorro Bancario. Todas ellas habiendo sido iniciadas o inscriptas con anterioridad al 1° de enero de 2017

              El artículo 8 del Decreto dispone excepciones al régimen sancionatorio del artículo 32 de la Ley. No serán aplicables las sanciones en los casos que se presenten razones fundadas, que imposibiliten de manera notoria y evidente la identificación prevista por dicha Ley, y se presenten las siguientes condiciones (necesarias y simultáneas): (i) que sean entidades emisoras de acciones o partes sociales nominativas creadas con anterioridad a la Ley Nro. 16.060 de Sociedades Comerciales; (ii) que se haya identificado a los titulares que representen al menos el 85% (ochenta y cinco por ciento) del capital integrado; y (iii) que la entidad haya convocado a sus accionistas mediante publicaciones por tres (3) días en el Diario Oficial y otro diario de la sede social, para que éstos aporten la información en un plazo de diez (10) días hábiles respecto de la última publicación. 

             En estos casos, la situación se deberá comunicar a la Auditoría Interna de la Nación antes del 31 de diciembre de 2019. 

Quedamos atentos a sus comentarios y a disposición por cualquier consulta.

Fernández Secco & Asociados