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Defensa de la Libre Competencia en el Comercio – Ley Nro. 19.833

Ponemos en su conocimiento que, el pasado 02 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nro. 19.833, promulgada por el Poder Ejecutivo con fecha 20 de setiembre de 2019 (enadelante, la “Ley»),  mediante la cual se modifica la Ley Nro. 18.159 de 20 de julio de 2007, relativa a la defensa de la libre competencia en el comercio (en adelante, la “Ley modificada”). 

A continuación, detallamos algunos comentarios de las modificaciones y las nuevas disposiciones.

(a) Prácticas prohibidas. 

Si bien la Ley modificada dispone que todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, la misma establece ciertas prácticas prohibidas, las cuales fueron, en parte, modificadas por la Ley. Esta restringe las prácticas prohibidas establecidas en la Ley modificada. 

Es por ello que, el inciso A) del artículo 4 de la Ley modificada, por el cual se prohíbe la imposición de precios de compra o venta, u otras condiciones de transacción, fue modificada por la Ley, en tanto no se requerirá la realización de forma abusiva de dicha práctica.

A su vez, deberá acreditarse la falta de justificación para las siguientes prácticas: (i) la limitación, restricción o concertación de producción, distribución y desarrollo tecnológico de bienes, servicios o factores productivos en perjuicio de competidores; (ii) la aplicación de condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes; (iii) la obstaculización del acceso al mercado de potenciales entrantes a este; y (iv) el establecimiento de zonas o actividades donde alguno/s de los agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en la misma. 

Sin perjuicio de las actividades que menciona el artículo 4 de la Ley modificada, las que son enunciativas, la Ley añade las siguientes prácticas, en el artículo 4 Bis, las que se encuentran expresamente prohibidas: (i) el establecimiento de precios u otras condiciones comerciales o de servicio; (ii) la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo una cantidad restringida de bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia limitado de servicios; (iii) la división, distribución, repartición, asignación o imposición de porciones, zonas o segmentos de mercado de bienes o servicios, clientes o fuentes de aprovisionamiento; (iv) el establecimiento, concertación o coordinación de ofertas o la abstención en licitaciones, concursos o subastas; y (v) las prácticas mencionadas ut supra, cuando sean resueltas mediante asociaciones o gremiales de agentes económicos. 

 (b) Concentraciones económicas. 

Por lo que respecta a la autorización previa de concertaciones el artículo 7 de la Ley modificada, redujo el monto de la facturación bruta anual de las empresas que deben solicitar esta aprobación de 750.000.000 (setecientos cincuenta millones) a 600.000.000 (seiscientos millones) de Unidades Indexadas. 

Asimismo, fue eliminada la condición de una participación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del mercado relevante, como consecuencia de la operación, para la realización del examen mencionado. 

La Ley exceptúa de la obligación de notificación a la adquisición de empresas que hayan sido declaradas en concurso, siempre y cuando, se haya presentado un único oferente en el proceso licitatorio, siendo innecesario el requisito, planteado por la Ley modificada, en cuanto al no registro de actividad por parte de la empresa en el último año dentro del país.

Respecto a la autorización de concentraciones económicas,  se prohíben  aquellas que tengan por objeto o efecto la restricción, limitación, obstaculización, distorsión o impedimento de la competencia en el mercado relevante, tanto de forma actual como futura. 

Será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia quien deberá decidir sobre la autorización de la operación, la subordinación del acto de concentración al cumplimiento de las condiciones que dicho órgano establezca o la denegatoria de la autorización, en un plazo sesenta (60) días corridos de presentadas la notificación y la documentación requerida, por lo que no correrá el plazo de noventa (90) días que establecía la Ley modificada. En caso de no expedirse el órgano de aplicación sobre el tema, se tendrá por autorizada de forma tácita. 

Es importante tener presente que dicho régimen de autorización de concentraciones entrará en vigencia luego de transcurrido un período de seis (6) meses desde la entrada en vigencia de la Ley. 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta que consideren necesaria.

Fernández Secco & Asociados